Estamos ante una propuesta ambiciosa, que contempla una serie de compromisos. Son cuarenta medidas en una variedad de campos de acción, formuladas declarativamente con verbos como “avanzar”, “instalar”, “impulsar”, “articular”, “implementar”, “promover”, “favorecer”, “estudiar”, “dotar”, etc. Aquí surge la gran duda que pone en jaque la propuesta: ¿quién va a ser el agente encargado y responsable de conducirla?

El 23 de abril, Día del Libro, la Presidenta y la Ministra de Cultura presentaran al país una Política Nacional del Libro y la Lectura. Hay cinco aspectos destacables en la propuesta y una gran duda que la pone, a mi juicio, en serio peligro. 1. Está realizada con una visión de Estado, contempla un plazo de cinco años (2015- 2020), tres del actual gobierno y dos del próximo. Es resultado de una convocatoria amplia y plural, si bien otorga un rol fundamental al sector público también involucra al privado. 2. Es sistémica, abarca todas las instancias y ámbitos de acción de la cadena del libro, desde la creación y la producción hasta la lectura, lo jurídico-legal y lo tributario. Tiene en cuenta por ende que el libro se inscribe en un campo complejo: por una parte es vehículo de pensamiento, de ideas y creatividad, un bien de educación y cultura irremplazable. Por otra, un producto material, hecho de papel impreso (puede ser también electrónico), un objeto concreto que se promociona, se fabrica, se vende, se colecciona, se exporta y se consume, vale decir, un bien económico. Metafóricamente el libro tiene cuerpo y alma, y ambos componentes están interrelacionados: el bienestar o deterioro de uno involucra al otro. Realidad que justifica una propuesta sistémica. 3. Favorece a la industria del libro nacional a través de varias medidas, situación en que el país tiene una antigua deuda, sobre todo si consideramos lo que ha ocurrido desde hace largo tiempo con el libro en países como España, Argentina, México y Colombia, en que la industria del libro nacional ha contado con un apoyo decidido por parte del Estado (en una articulación público-privada) lo que ha permitido que esas industrias tengan una importante desarrollo y presencia no solo en sus propios países sino también en el mercado del libro hispanoparlante. Cabe tener en cuenta un dato promisorio de nuestra realidad: son numerosas las editoriales creadas en los últimos años por jóvenes o colectivos de jóvenes, los que con entusiasmo se han arriesgado en iniciativas en que la voluntad no basta, pues se requiere un ecosistema favorable para que perduren. Ecosistema del libro que es uno de los objetivos de la propuesta. 4. Contempla medidas y acciones que tienen en cuenta la diversidad regional y cultural del país en todas sus dimensiones, desde lo geográfico hasta lo étnico cultural, desde el mundo de la escritura hasta el de la oralidad. Resulta preocupante la situación del libro y la escasez de librerías en ciudades regionales de alta población universitaria como Valdivia y Antofagasta. Resulta paradojal también que se estén desarrollando programas bilingües e interculturales en Temuco y otras regiones del país y que carezcan de materiales de lectura en sus propias lenguas. 5. Se trata de una propuesta moderna, puesto que considera el soporte electrónico y los e-books, y propone medidas en esa perspectiva. Fomento, confieso, que no me desvela (pertenezco a quienes perdimos la virginidad intelectual con el soporte impreso), sin embargo es lo que hay y los datos indican que es lo que habrá en el futuro, pues se trata de un soporte que contribuye a la democratización de la lectura.

Estamos en definitiva ante una propuesta ambiciosa que contempla una serie de compromisos: articulación intersectorial, regionalización, sustentabilidad en el tiempo, articulación público-privada y finalmente, lo que es más importante: seguimiento y evaluación. Son cuarenta medidas en una variedad de campos de acción, formuladas declarativamente con verbos como “avanzar”, “instalar”, “impulsar”, “articular”, “implementar”, “promover”, “favorecer”, “estudiar” (la posible rebaja del IVA), “dotar” etc. etc. Y aquí surge la gran duda que pone en jaque y constituye a mi juicio el mayor desafío de la propuesta: ¿quién va a ser el agente encargado y responsable de conducirla, de “pastorearla” (porque todo hay que “pastorearlo” en este país) y de velar para que lo planteado se convierta en realidad? Los responsables, según el documento, van desde la DIBAM, el CNCA (Consejo Nacional de Cultura y Consejo del Libro), Pro Chile, Dirac, Mineduc hasta la Archi, Corfo y el Ministerio de Hacienda. Responsabilidad que se diluye en una variedad de instituciones (tal vez falta el INE, considerando lo insuficiente que son la estadísticas culturales en nuestro país). Instituciones que tienen otras lógicas y otros desafíos y que será por lo tanto muy difícil coordinar y más aún evaluar su participación. Por otra parte el Consejo del Libro y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se han convertido básicamente en administradores de concursos, abrumados por esa tarea y por eventos, sin mucha capacidad operativa y de articulación más allá de eso. Aún más el Consejo Nacional del Libro y la Lectura es una entidad corporativa conformada por representantes de distintos gremios que por lo general velan por sus intereses (los que no siempre coinciden), prueba de ello es que la SECH (Sociedad de Escritores de Chile), que integra el Consejo, ya ha planteado críticas y dudas sobre la propuesta. Situación que dificulta la labor del Consejo del Libro como responsable máximo de la propuesta.

Hay que considerar la experiencia de la Política Nacional del Libro y la Lectura formulada y aprobada por el CNCA en el año 2006, política que también era ambiciosa (establecía una serie de líneas estratégicas, objetivos y medidas a impulsar en el período 2006-2010), política que prácticamente se quedó en el papel y no tuvo el resultado que se esperaba, precisamente porque faltó voluntad política unificada y con capacidad de coordinación y conducción. Cabe recordar que el maletín literario (2008-2009), la mayor y financieramente más costosa intervención del Estado en el sector, no estaba contemplada en la Política Nacional del 2006, y tampoco logró –como hemos demostrado en otra oportunidad- los resultados que se esperaban.

Esta nueva propuesta (posible de perfeccionarse en uno que otro aspecto) revela voluntad política por abordar el desarrollo del libro y la lectura, lo que ya merece aplaudirse, sin embargo, a mi juicio, ella tendrá solo resultado real si su responsabilidad, ejecución, seguimiento, articulación y evaluación recae en una unidad independiente (mandatada por el CNCA y vinculada con el Consejo del Libro, pero independiente), en un organismo liviano que debiera ser de dedicación exclusiva, con todas las atribuciones para coordinar y llevar a cabo con éxito la propuesta. Una unidad que tenga tras sí un Consejo plural público-privado, que considere que el pilar de la cadena del libro es la lectura (leer y leer bien, como se propone la campaña en curso del Reino Unido READ ON, GET ON), leer por conocimiento y por placer, considerando que la lectura (que mueve la cadena del libro) es un saber fundacional para el desarrollo humano, y que en esa perspectiva esa unidad debiera ser capaz de involucrar a todos los sectores del país. Sin descuidar, por cierto, los demás aspectos de la propuesta.

Considerando la incidencia que puede tener para la educación y la formación ciudadana el logro de una propuesta como la que está en curso, el esfuerzo bien vale la pena. De otro modo corremos el riesgo de encontrarnos en cinco años más con la misma frustración que nos dejó la Política Nacional del Libro y la Lectura aprobada en enero del año 2006, con el riesgo de ser convocados una vez más a discutir una política nacional del libro y la lectura para el periodo 2020-2030 porque la anterior no se realizó (tal como sucede hoy con la política del 2006-2010). Como decía Antonio Machado, “despacito y buena letra, hacer las cosas bien importa más que simplemente hacerlas”.

Bernardo Subercaseaux es académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro del Observatorio del Libro de la Universidad de Chile.